La legisladora busca dar continuidad a los trabajos realizados por la diputada local del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Mónica Silva Ruiz, quien concretó esta reforma en esa entidad.
Morelia, Michoacán, 30 de mayo del 2023.- Con el propósito de reformar el Código Familiar y Penal de Michoacán para suspender la patria potestad, guardia y custodia de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio, y se confirme dicha sentencia, perdería de manera definitiva ese derecho, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó la iniciativa para la aplicación de la denominada Ley Monzón en nuestro estado.
Esta propuesta fue aprobada en el Congreso de Puebla el pasado 2 de marzo de 2023 y fue impulsada por la legisladora local poblana del PT, Mónica Silva Ruiz, luego del asesinato de la abogada feminista Cecilia Monzón, de tal forma que este proyecto pretende ser el primer paso para cuidar y proteger el interés superior de la niñez en Michoacán, así lo expresó Fraga Gutiérrez, durante su exposición de motivos.
"El caso relevante del feminicidio en Puebla de la abogada penalista y activista defensora de los derechos de las
mujeres, Cecilia Monzón, el veinte de mayo de dos mil veintidós, la Diputada Mónica Silva Ruíz, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se aprobó las reformas a los códigos correspondientes para aprobar el porqué se denomina Ley Monzón, este antecedente que nos hace enfatizar a un caso jurídico de la entidad estatal de Puebla. Por ende la importancia de ponderar el interés superior de la niñez, y velar por un desarrollo integral y una vida libre de violencia a la que tiene derechos".
Dicha iniciativa pretende también castigar al hombre o mujer que cometa el delito de feminicidio y este se haya cometido frente a las hijas, hijos y adolescentes de la víctima directa, se le impondrá una pena máxima de prisión y multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La representante de Uruapan Sur, aseguró que esta propuesta abona a la exigencia por parte de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual se da de manera sistemática, además de ser un delito que constituye un grave problema de impacto en la salud pública, aspectos relacionados con la sexualidad, la reproducción y la conceptualización que ofrece el marco de los derechos humanos bajo un enfoque de género.
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