Alma Rosa Bahena Villalobos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEMICH); Yolanda Camacho Ochoa, magistrada y Salvador Alejandro Pérez Contreras, magistrado, asistieron al Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024 “Ciudadanía, inclusión inteligencia artificial: los retos de la justicia electoral” realizado este 25 y 26 de noviembre en la Ciudad de México.
Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostuvo que los ataques al TEPJF son consecuencia de la aplicación puntual de la Constitución, agregó, que el Tribunal ha sido eficaz en la defensa de su competencia, respondiendo con institucionalidad y entereza.
Ante magistradas y magistrados de todo el país, advirtió los tribunales federales y locales frenarán a quienes pretendan traspasar los preceptos y principios constitucionales para satisfacer coyunturas de corte político o personal. La Constitución se puede interpretar, pero no se puede cambiar su texto so pretexto de equilibrar el poder, dijo la magistrada presidenta del TEPJF.
En ese sentido, aseguró que los tribunales electorales buscan favorecer al conglomerado social y no a intereses particulares. Dijo que México vive tiempos de cambios, sin embargo, los valores de ética social y de democracia sustantiva, inclusiva y paritaria deben permanecer intactos.
Al referirse a la reforma judicial, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña precisó que en el derecho, de manera incuestionable, lo que vale son las normas vigentes, y destacó que, una vez que las decisiones públicamente discutidas y políticamente aprobadas se vuelven jurídicamente vinculatorias, los juzgadores y operadores tienen un deber y una responsabilidad con el país y con la sociedad, por lo tanto, “hoy nadie puede culparnos por hacer cumplir la Constitución”.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera celebró que, en el marco del proceso electoral 2023-2024, el TEPJF cumplió a la sociedad mexicana en unas elecciones particularmente complejas por los más de 20 mil cargos en disputa y una lista nominal de más de 98 millones de electores. A pesar de los retos numéricos y la falta de nombramientos de magistraturas faltantes, este máximo órgano jurisdiccional impartió justicia electoral eficiente y profunda, destacó.
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