En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.
Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.
Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.
Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora.
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